Todos los gobernantes invocan a la patria como el bien supremo para justificar sus intereses particulares, sobre todo la permanencia en el poder. En el breve plazo de unos años, actos de insubordinación a las leyes de las que nos hemos dotado democráticamente, pasan de ser delitos graves contra el orden establecido a ser merecedores no sólo de perdón, ya aplicado con la concesión de los indultos, sino que pasan, con la amnistía, a ser considerados como un agravio a aquellos que los han perpetrado.
Hechos que fueron objeto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el Partido Popular en el Gobierno y el PSOE en la oposición, se esfuman como si no hubiera pasado nada.
Que dirigentes políticos, ávidos de poder para controlar más allá de sus atribuciones constitucionales a los ciudadanos de su territorio hasta el punto de sembrar la división, la discordia y el enfrentamiento entre ellos, vuelvan, después de cumplir parte de sus penas en la cárcel o después de su vergonzosa huida de la justicia, erigiéndose en salvadores de la patria que han sumido en la ruina económica con la fuga masiva de empresas, en el desorden ciudadano, rompiendo escaparates, incendiando contenedores, interrumpiendo con graves altercados la movilidad ciudadana, parecería una ópera bufa si la proximidad de la amnistía no la convirtiera en poco menos que una tragedia.
Que el gobierno en funciones esgrima como argumento el espantajo de que gobierne la derecha es otra manera de enconar aún más la rivalidad política. Cualquier partido autorizado por las leyes tiene el derecho de poder gobernar si obtiene el apoyo de los ciudadanos.
Que se llame progresista de izquierdas a un presunto gobierno que se apoya en las derechas más rancias del país vasco y de Cataluña, es un juego malabar que no se cree nadie, empezando por quienes haciendo un deshonesto e interesado uso del lenguaje pretenden hacerlo tragar a los ciudadanos que siguen creyendo en esos gobernantes que dicen tener como único interés el bien de los ciudadanos.
Que en defensa de la unidad de la patria el presidente en funciones se apoye precisamente en quienes, violando las leyes, quieren su disolución.
Que en defensa de la igualdad busque los votos de quienes quieren establecer territorios con privilegios económicos sobre el resto de territorios.
Que en pro de la concordia, bien supremo en las últimas semanas, se pida perdón a los que en los últimos años han ahondado la fosa de la división y utilizado la lengua como factor de discriminación.
Nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley y menos aún los reyezuelos.
Todo parece un meditado y cínico plan a gran escala de quien, a pesar de los presagios, comenzó el espectáculo estos últimos años gobernando con quienes le quitaban el sueño y boicoteaban decisiones del consejo de ministros del que formaban parte.
En este previsible segundo acto se añaden además de los actores conocidos, otros ausentes, huidos de la justicia, que ayudarán sin duda, así es el teatro, a que se cumplan las leyes que ellos han violado y están dispuestos a seguir violando.
Señoras y señores, ancianos y niños, empieza la función:
“Se puede gobernar a cualquier precio”.

San Juan, 31 de oct. de 23.
José Luis Simón Cámara.